Una de las problemáticas más habituales cuando heredamos una vivienda o una fincas es que puede no heredarse el 100% de la misma. Podemos heredar una parte, sólo la nuda propiedad… Nos encontramos lo que en derecho llamamos un bien “proindiviso” un bien que es de varios propietarios al mismo tiempo. En ocasiones es posible la división física del bien. En otras no es posible o hacerlo le haría perder mucho valor. Para esto está previsto el procedimiento de división de la cosa común.

¿Qué significa que no se pueda dividir? 

El criterio al que atiende un juez que valor va más allá de una división física del bien. Incluye también los casos en los que la división podría provocar una pérdida sustancial de valor. Imaginemos que tenemos un local comercial de 100 metros cuadrados, que podría dividirse técnicamente en 5 locales y que no hay restricciones municipales y de otro tipo al tamaño de los locales comerciales.

Si 5 herederos quisieran repartirlo, podría segregarse. Sin embargo, no vale lo mismo un local comercial de 100 metros cuadrados que 5 locales de 20 metros cuadrados. En este tipo de casos, el juez puede entender que el bien es indivisible.

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¿Qué puede hacer cualquiera de los comuneros?

La nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, con independencia del valor del bien, que mediante proceso verbal (técnicamente más sencillo) solicite la división de la propiedad. Es interesante incluir una tasación actualizada del bien y un intento previo de solución del conflicto a la hora de solicitar una condena en costas.

Con la sentencia de ejecución se puede acudir en procedimiento de ejecución de sentencia a subasta pública.

¿Qué implica una subasta pública?

La subasta pública implica una pérdida sustancial de valor del bien por lo que es habitual que, dado que perjudica a todos los propietarios, en ese momento se llegue a algún tipo de acuerdo de venta.

¿Es obligatorio este acuerdo? No, pero es interesante para todas las partes. Si no se puede alcanzar acuerdo de ningún tipo, lo habitual es que se venda en subasta pública.

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Las pensiones impagadas se computan automáticamente como ingresos. Tradicionalmente, la existencia de ese derecho (con independencia de si se cobre efectivamente o no) se ha computado como ingresos del beneficiario. La nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo da razón a lo obvio. Si una pensión es impagada y no se recibe, es evidente que no puede ser un computada porque no es un ingreso real.

¿Qué ha cambiado? 

El cambio de doctrina se produce en la Sentencia que os adjuntamos donde el Tribunal Supremo establece que pese a ser ingresos potenciales no pueden tenerse en cuenta a la hora de calcular los indicadores económicos de la unidad familiar. Tradicionalmente, cada ingreso era computado con independencia de si se produce el ingreso o no.

El cambio de criterio busca ajustarlo más a las necesidades de la sociedad en los que es injusto que una pensión que no se recibe compute como ingreso. Os contamos el caso concreto más adelante.

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¿Qué ha pasado?

Se produce un cambio de criterio en la interpretación de varios artículos de la Ley General Tributaria. El caso en particular es el de una jienense a la que la Tesorería General de la Seguridad Social le extingue la prestación por desempleo y le reclama los importes recibifos por superar el umbral económico para ello. En particular, este límite se superaba al computar la pensión que debía abonar su ex pareja.

La TGSS le exigía que hubiera reclamado el pago de la misma para no tenerlo en cuenta. El Tribunal Supremo entiende que, salvo fraude, esta puede ser una forma de presión o violencia.

¿Qué implicaciones tiene esta sentencia?

El Tribunal Supremo ha corregido la jurisprudencia para proteger a aquellas personas a las que se les computan como ingresos estas cantidades sin recibirlas.

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