Las cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado componen el poder legislativo. Su principal actividad es la creación de leyes que regulen la actividad del país. En ocasiones, sus señorías se despistan. Y no nos referimos a cuando se pegan demasiado al poder ejecutivo. Nos referimos a cuando presentan las “Proposiciones no de Ley” o “Mociones” como se denominan en el Senado. Se trata de meras declaraciones políticas que, sin fuerza vinculante, expongan una postura.

¿Qué son las proposiciones no de ley? 

Las proposiciones no de de ley están reguladas en el reglamento del Congreso de los Diputados. Su principal característica es que no tienen fuerza vinculante. Muestran la postura del Congreso de los Diputados sobre un tema concreto o invitan al ejecutivo a proponer una norma sobre un tema concreto. ¿Pero es esta actividad “legislativa” necesaria? Probablemente no. El espíritu de la idea pudo ser legítimo en su origen, invitar a las instituciones a trabajar en una línea concreta. Pero la realidad es que se ha desvirtuado bastante en la práctica.

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¿Por qué os hablamos de este tema?

Recientemente el Congreso ha instado al Gobierno a regular el uso de la palabra “cáncer”. Os dejamos la nota de prensa porque no tiene desperdicio. Como vemos, además de pretender ponerle puertas al campo, los Diputados, financiados por todos, se dedican a hacer propuestas sin fuerza de ley que no tienen objetivos más allá de los electoralistas que pudieran aparecer.

Como abogados en ejercicio, es fundamental que la actividad legislativa del país esté encaminada en mejorar la vida de los ciudadanos. Los Diputados son los encargados de hacer que nuestras leyes sean justas y claras. Que sean fáciles de aplicar y de entender. Que den soluciones a los problemas de la gente más que generarlos. Sin embargo los vemos preocupados por definir “qué es un cáncer” y “a qué se le puede llamar cáncer”.

¿Qué necesitamos los abogados?

En realidad pedimos poco. Necesitamos que centren su actividad legislativa en hacer leyes. En actualizar las que ya tenemos. En regular aquello que está sin regular y en hacerlo de una forma fácil y eficiente. No pedimos más. Quizá el “tumor” esté en financiar una actividad legislativa estéril que no beneficia a los ciudadanos.

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Las pensiones impagadas se computan automáticamente como ingresos. Tradicionalmente, la existencia de ese derecho (con independencia de si se cobre efectivamente o no) se ha computado como ingresos del beneficiario. La nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo da razón a lo obvio. Si una pensión es impagada y no se recibe, es evidente que no puede ser un computada porque no es un ingreso real.

¿Qué ha cambiado? 

El cambio de doctrina se produce en la Sentencia que os adjuntamos donde el Tribunal Supremo establece que pese a ser ingresos potenciales no pueden tenerse en cuenta a la hora de calcular los indicadores económicos de la unidad familiar. Tradicionalmente, cada ingreso era computado con independencia de si se produce el ingreso o no.

El cambio de criterio busca ajustarlo más a las necesidades de la sociedad en los que es injusto que una pensión que no se recibe compute como ingreso. Os contamos el caso concreto más adelante.

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¿Qué ha pasado?

Se produce un cambio de criterio en la interpretación de varios artículos de la Ley General Tributaria. El caso en particular es el de una jienense a la que la Tesorería General de la Seguridad Social le extingue la prestación por desempleo y le reclama los importes recibifos por superar el umbral económico para ello. En particular, este límite se superaba al computar la pensión que debía abonar su ex pareja.

La TGSS le exigía que hubiera reclamado el pago de la misma para no tenerlo en cuenta. El Tribunal Supremo entiende que, salvo fraude, esta puede ser una forma de presión o violencia.

¿Qué implicaciones tiene esta sentencia?

El Tribunal Supremo ha corregido la jurisprudencia para proteger a aquellas personas a las que se les computan como ingresos estas cantidades sin recibirlas.

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