Los semáforos con cámara se han vuelto cada vez más populares en las ciudades. Foto, 4 puntos y 200 euros. Bajo el paraguas de la seguridad del tráfico, se instalan estos instrumentos de recaudación. Sin embargo, su funcionamiento automático puede dar problemas a la hora de formular adecuadamente la denuncia al ciudadano, y esto da pie a recurrir con éxito dicha denuncia. Te contamos cómo puedes fundamentar tus alegaciones y conseguir la anulación de la sanción.

¿Qué sanción pueden imponer mediante un semáforo con cámara?

La Ley de Tráfico tiene prevista como infracción grave saltarse un semáforo en su artículo 76 k con sanción de 200 euros y pérdida de puntos aparejada. El semáforo captura el paso de los vehículos cuando la luz roja está encendida. Pero el sistema tiene sus carencias que podemos aprovechar para recurrir la sanción.

Me ha llegado una sanción, ¿Qué puedo hacer?

El expediente sancionador te dará plazo para el pago de la sanción en conformidad o la realización de alegaciones. El pago de la sanción si se acata incluye un descuento del 50%. En este caso de 100 euros. Sin embargo, el problema de esta sanción no es la cuantía económica, es la pérdida de puntos que lleva aparejada. Por eso, en estos casos recomendamos recurrir si ocurren alguna de las circunstancias que se describen a continuación.

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¿Qué alego para que prospere mi recurso?

Probablemente el ayuntamiento no estudie tus alegaciones y sea necesario acudir a la vía judicial. En este caso, te recomendamos comprobar los siguientes elementos:

• Que el sistema de multado esté homologado y que la revisión sea reciente. Se necesita el certificado técnico de explicación del funcionamiento del sistema de multado.
• Que el sistema capte un tramo importante de vídeo. En caso de ser un fotograma o un vídeo corto, podemos alegar que venía un coche de emergencia detrás y que por eso nos apartamos para dejar el tránsito libre.

¿Qué dicen los jueces de este tema?

Los juzgados de lo contencioso-administrativo estiman este tipo de argumentación sobre la base de que el expediente sancionador debe cumplir con una serie de requisitos para no causarle indefensión al ciudadano.

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